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Del diálogo público a la experiencia territorial: aportes para una Ley de Aguas en Chiapas

En Chiapas, la existencia de una tubería no garantiza que el agua llegue a los hogares, que esté disponible todos los días o que sea segura. Un análisis territorial de RED+AGUA Chiapas, basado en el Censo de Población y Vivienda 2020 y la ENIGH 2024, muestra esta distancia: mientras la cobertura de agua entubada alcanza 89.4%, solamente 47.3% de los hogares cuenta con toma domiciliaria y 41.2% recibe agua diariamente. Se estima que cerca de dos millones de personas dependen parcial o totalmente de sistemas comunitarios para acceder al agua.


Olla de agua para captación pluvial
Olla de agua para captación pluvial

Detrás de estas cifras existen comités, patronatos, asambleas y autoridades comunitarias que distribuyen el agua, construyen acuerdos, administran aportaciones, mantienen infraestructura, vigilan su calidad y buscan soluciones de saneamiento. Estas experiencias permiten comprender que la gestión comunitaria es una práctica cotidiana, diversa y adaptada a cada territorio.


En San Juan Shucail y Golonchan Barrio de Guadalupe, municipio de Sitalá, dos comunidades que comparten un manantial construyeron un acuerdo para regular su uso, cuidado y conservación. El proceso requirió cerca de dos años de diálogo y construcción de confianza, respetando los tiempos y formas de decisión de ambas localidades. Su experiencia muestra que gestionar el agua también significa establecer reglas colectivas, distribuir responsabilidades y generar condiciones para compartir una fuente de manera equitativa.


En el mismo municipio, los patronatos que forman parte de la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Sitalá —APAMS— intercambian conocimientos sobre administración, operación, mantenimiento, participación de las personas usuarias y protección de fuentes. Los patronatos no son estructuras circunstanciales: representan formas de organización que acumulan experiencia, toman decisiones y sostienen diariamente los sistemas comunitarios.


También en La Unión, Sitalá, estudiantes de la Telesecundaria Frida Kahlo, familias, docentes y autoridades comunitarias compartieron información sobre la fuente de abastecimiento y el tanque de almacenamiento. A partir de ella reflexionaron sobre consumo de agua segura, higiene, alimentación y protección de la salud. Esta experiencia muestra que la gestión comunitaria no corresponde exclusivamente a quienes operan la red: también requiere que el conocimiento circule, que distintas generaciones participen y que la escuela se vincule con las decisiones y prácticas de la comunidad.


En San Isidro, Berriozábal, la reflexión comunitaria avanza del abastecimiento hacia el saneamiento. Después de fortalecer el acceso al agua, la comunidad busca desarrollar un humedal artificial para tratar aguas residuales mediante una solución basada en la naturaleza. El caso permite mirar el ciclo completo: gestionar el agua también significa reducir la contaminación, proteger la salud y considerar a las comunidades que se encuentran río abajo.


En conjunto, estas experiencias hablan de acuerdos territoriales, organización, administración, educación comunitaria y saneamiento. También muestran que las comunidades no deben asumir solas los costos técnicos, financieros y operativos de garantizar el agua y el saneamiento. Su reconocimiento debe acompañarse de respeto a la autonomía, asistencia técnica, recursos, coordinación municipal y relaciones de corresponsabilidad con las instituciones públicas.


De los foros a una participación con seguimiento

Hasta ahora se han realizado dos foros públicos para dialogar sobre la nueva legislación de agua para Chiapas: el primero en Tuxtla Gutiérrez y el segundo en Tapachula. Estos espacios han convocado a diversos actores y representan una oportunidad para acercar distintas perspectivas al proceso de armonización, siempre y cuando sean de carácter vinculante y se aprovechen efectivamente los resultados.


Mientras se define y comunica con mayor precisión la ruta metodológica para sistematizar las aportaciones, darles seguimiento e incorporarlas en un proyecto de ley, las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil ya estamos generando reflexión, evidencia y propuestas.


Desde Cántaro Azul reiteramos nuestra disposición a colaborar con las instancias responsables del proceso. Podemos aportar aprendizajes acumulados mediante el acompañamiento a comités, patronatos, escuelas y comunidades; evidencia sobre brechas de acceso, calidad y continuidad; metodologías participativas, y experiencias de colaboración pública-comunitaria.


También nos interesa conocer cómo serán recuperadas las propuestas presentadas en los foros y de qué manera las experiencias territoriales podrán contribuir al contenido de la nueva legislación. Contar con mecanismos claros de recepción, sistematización y devolución ayudaría a que comunidades y organizaciones comprendan cómo sus aportaciones avanzan desde los espacios de diálogo hacia las decisiones legislativas.


La gestión comunitaria no espera a que una ley la cree: ya se practica en los territorios. El desafío es construir una legislación capaz de aprender de ella, respetar su diversidad y convertir el reconocimiento en condiciones efectivas de participación, coordinación, asistencia técnica y financiamiento.


La nueva Ley de Aguas de Chiapas tiene la oportunidad de avanzar del diálogo con el territorio a la construcción legislativa junto con quienes gestionan el agua todos los días.



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