Organización comunitaria, colaboración y responsabilidad pública para garantizar el derecho al agua

Cántaro Azul
hace 1 día
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Cerrando el mes de marzo y el contexto del Día Mundial del Agua vale la pena detenernos un momento, después de la intensidad de actividades que acompañan esta fecha, para volver a una pregunta de fondo: ¿qué hace posible que el agua llegue, se cuide, se distribuya y se sostenga en el tiempo? En muchas comunidades rurales e indígenas de Chiapas y de México, la respuesta está en la organización comunitaria, en los comités de agua, en los acuerdos locales, en el trabajo cotidiano de mantenimiento y en la transmisión de conocimientos entre generaciones, familias, cargos comunitarios y comunidades escolares.

En Cántaro Azul entendemos que la gobernanza del agua no se reduce a la operación técnica de una obra, implica participación informada, reglas compartidas, corresponsabilidad, sostenibilidad y capacidad colectiva para tomar decisiones sobre un bien común indispensable para la vida digna. Esta convicción atraviesa los programas NuestrAgua Gestión Comunitaria y Agua Segura en Escuelas, y se expresa en nuestras estrategias de implementación tecnológica, gestión del conocimiento y cambio sistémico: no basta con instalar soluciones, es necesario fortalecer capacidades, generar aprendizajes y abrir rutas para que esas experiencias se traduzcan en transformaciones más amplias y duraderas.

Gobernanza del agua desde la comunidad

Desde NuestrAgua Gestión Comunitaria, esto se vuelve especialmente visible cuando una comunidad inaugura un sistema de agua entubada, una solución de tratamiento o sistemas de captación de lluvia. Ahí es donde comienza un nuevo ciclo de responsabilidades: cuidar los equipos, monitorear su funcionamiento, organizar relevos, transferir conocimientos y sostener acuerdos que permitan su permanencia.

La experiencia reciente en San Francisco, Tenejapa, donde se inauguró un sistema de agua entubada con almacenamiento, tratamiento por cloración y sistemas de captación de agua de lluvia, muestra con claridad que una obra puede representar avances enormes, pero su sostenibilidad depende del tejido organizativo que la respalda. Como señaló en dicha actividad Cyntia Reyes Hartmann, Directora General de Cántaro Azul, el reto es “transmitir toda esta información, transmitir todo este conocimiento para que el sistema que hoy se está inaugurando perdure a lo largo del tiempo”.

Escuelas seguras y hábitos que transforman

Esa misma lógica está presente en el Programa Agua Segura en Escuelas, donde se trabaja no sólo desde la infraestructura, sino también desde la formación y los hábitos saludables. En las escuelas donde se implementa el programa, el componente social incluye procesos formativos con niñas, niños, docentes, madres y padres de familia sobre lavado de manos, uso adecuado de sanitarios, consumo de agua segura, hábitos de alimentación y cuidado colectivo de las instalaciones. Estas acciones y talleres no son aislados, forman parte de una apuesta integral por construir ambientes escolares seguros, donde la comunidad escolar es clave para la sostenibilidad de los sistemas y para que los cambios de hábito trasciendan hacia los hogares.

Agua y saneamiento: derechos que el Estado debe garantizar

Tanto en el ámbito comunitario como en el escolar, la experiencia muestra algo fundamental: la organización local no sustituye la acción pública; la hace visible, la complementa y también le exige estar a la altura de sus responsabilidades.

En ese sentido, el nuevo marco jurídico nacional abre una ventana importante. La Ley General de Aguas, publicada el 11 de diciembre de 2025, reconoce a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en zonas no cubiertas por servicios municipales, intermunicipales o metropolitanos, y además incorpora disposiciones para fomentar la captación de agua pluvial en viviendas y edificaciones adecuadas para ello. Asimismo, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales incluyen a los sistemas comunitarios de agua dentro del Registro Público Nacional del Agua (REPNA), un paso relevante para su reconocimiento institucional y su visibilidad en la política hídrica nacional.

Estos cambios son significativos porque confirman algo que las comunidades, las escuelas y las organizaciones han sostenido durante años con trabajo concreto: que la gestión comunitaria y las soluciones adaptadas a contexto o basadas en la naturaleza no son provisionales, sino caminos legítimos para garantizar derechos en territorios históricamente excluidos. Pero también dejan ver un límite que no debe perderse de vista: el esfuerzo organizado de comunidades, familias, docentes y organizaciones sociales no puede seguir siendo la respuesta frente a una carencia estructural y sistémica.

Por eso, al cerrar marzo y mirar con más calma lo que deja el Día Mundial del Agua, el llamado es a nombrar con claridad lo pendiente. Los derechos humanos al agua y al saneamiento no deben depender de la condición étnica, social, territorial o política de las personas, y su cumplimiento corresponde al Estado y a sus instituciones. Son los municipios, los gobiernos estatales, la Federación y los organismos del sector hídrico quienes deben garantizarlos, de manera coordinada, suficiente y sostenida. Para esto es necesario contar con presupuesto, acompañamiento técnico, reconocimiento a las soluciones pertinentes y mecanismos eficaces de seguimiento.

Hablar de corresponsabilidad es reconocer que las comunidades sostienen, las escuelas participan, las organizaciones acompañan y generan conocimiento útil, pero garantizar derechos es una obligación pública.

Ese es, quizás, uno de los mensajes más importantes en el contexto de marzo y el agua: que la justicia hídrica si requiere colaboración social, pero también decisión pública, responsabilidad institucional y acción estatal efectiva. Sólo así el acceso al agua segura y al saneamiento adecuado dejarán de depender de esfuerzos extraordinarios y podrán convertirse, por fin, en una realidad garantizada para todas las personas.