El reto que afrontamos para asegurar el ejercicio del derecho humano al agua en Chiapas

Otro año ha pasado y cada día estamos más cerca del 2030, ese año que antes veíamos tan lejano y que entre otras cosas varios países fijaron como fecha límite para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable plasmados en la Agenda 2030. En ella se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales está dedicado al agua y al saneamiento, el ODS 6.

En este ODS se contemplan dos grandes metas: lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, y garantizar el acceso a servicios de saneamiento e higiene, poniendo fin a la defecación al aire libre. Hablar de acceso universal y equitativo al agua potable suena ambicioso, pero implica, además, que todas las personas cuenten con agua gestionada de manera segura. Esto significa que el suministro sea constante y suficiente (más de 100 litros por habitante al día), que el agua esté libre de contaminantes químicos, físicos y biológicos, y que provenga de una fuente mejorada ubicada en el hogar. Por si faltara algo de complejidad a la meta.

México fue uno de los países que se comprometió al cumplimiento de la Agenda 2030, con ello al ODS 6 de agua y saneamiento; sin embargo, hasta ahora solo ha logrado que el 43% de su población acceda a un servicio de agua gestionada de manera segura. El reto pendiente es grande, y en el sur del país lo es aún más, pues ahí se concentran los tres estados con menor desempeño en el indicador de acceso al agua en el ámbito de la vivienda: Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en ese orden. Mientras que a nivel nacional este indicador alcanza el 80.66 %, en estos tres estados no llega ni al 50 % de cobertura.

No obstante, en materia de agua no basta con contar con infraestructura física; el servicio también depende de una estructura social que lo provea, responsabilidad que recae en los gobiernos locales. En muchos casos, el servicio público no logra cubrir esta demanda. El estado de Chiapas, por ejemplo, presenta el peor desempeño a nivel nacional en el indicador de porcentaje de viviendas que reciben agua a través del servicio público: solo el 64.24 % cuenta con este servicio. Esto implica que alrededor de 1.8 millones de personas en el estado se organizan diariamente para garantizar su acceso al agua.

Este fenómeno es frecuente en América Latina, especialmente en zonas rurales, y se conoce como gestión comunitaria del agua. Generalmente se lleva a cabo mediante grupos organizados —a menudo llamados patronatos de agua— encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas, la gestión de recursos para su mejora y la administración de las aportaciones realizadas por los usuarios.

Quién presta el servicio añade otra dimensión al análisis por lo que para ejercer plenamente el derecho humano al agua y al saneamiento no solo se requiere inversión en infraestructura, sino también una estructura social que sostenga el servicio en el tiempo.

El caso de Chiapas resulta especialmente relevante debido al elevado número de personas que se organizan para acceder al agua y al saneamiento, así como a los múltiples matices existentes en el territorio. La mayoría de la población vive en localidades rurales (menores a 1,500 habitantes), a las que los gobiernos municipales difícilmente llegan. Además, existen marcadas diferencias en el desempeño de los indicadores entre municipios. Por ejemplo, en Oxchuc solo el 30.05 % de las viviendas cuenta con disponibilidad de agua entubada en la vivienda o en el patio; y en Mazatán, el municipio con peor desempeño en el indicador de viviendas que reciben agua por el servicio público, apenas el 9.67 % de las viviendas accede al agua por el servicio público.

En cuanto a las viviendas que cuentan con excusado, Chalchihuitán presenta el peor desempeño, con solo el 15.42 % de las viviendas equipadas con este servicio, lo que implica que más del 80 % de la población practica la defecación al aire libre. En contraste, Tuxtla Gutiérrez reporta un 98.89 % de viviendas con excusado. Y aunque en algunos municipios este indicador sea alto esto no implica que las aguas residuales sean tratadas adecuadamente ni que las instalaciones ofrezcan las condiciones de privacidad necesarias.

Estos indicadores se suman a otros factores relevantes. La población de Chiapas es mayoritariamente joven, por lo que no basta con asegurar agua gestionada de manera segura y saneamiento en los hogares; también es indispensable que las escuelas cumplan con estos requisitos, para evitar que los avances logrados en casa se pierdan cuando niñas, niños y jóvenes asisten a clases.

El reto que enfrentamos es enorme, aunque existen avances significativos. Un ejemplo es el municipio de Berriozábal, donde se estableció un acuerdo público-comunitario y se creó el Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento (OMSCAS), el cual ha brindado atención a más de 30 localidades rurales del municipio.

Otra buena noticia es la existencia de un sector de la sociedad civil activo y comprometido con el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Este sector no solo ha impulsado acciones comunitarias, sino que en 2025 se reunió para diseñar una Estrategia Conjunta por el Agua, en la que se definieron objetivos y resultados comunes, se evaluaron capacidades, se compartieron metodologías de trabajo y se estableció un mecanismo común para medir avances e impulsar la colaboración con mayor impacto.

El desafío es tan grande que ningún sector puede enfrentarlo de manera aislada. Esto nos obliga a cooperar por el bienestar de todas y todos los chiapanecos. No solo se requiere la coordinación del sector social, sino también su articulación con el sector empresarial y, por supuesto, con el gobierno. Con una nueva Ley General de Aguas, una ley estatal en proceso y programas federales orientados a la inversión en comunidades rurales indígenas y afromexicanas, así como la transformación del Instituto Estatal de Agua y Saneamiento en una Comisión Estatal, nos encontramos en un momento clave para articular esfuerzos y marcar un cambio histórico. De esta manera, el agua podrá convertirse en un medio de bienestar común y no en un símbolo de escasez y enfermedad, como lo es hoy.