Ley General de Aguas: oportunidad para la gestión comunitaria y escolar del agua en Chiapas

El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Aguas (LGA) y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Con ello, México da un paso que estuvo pendiente por 13 años, desde la reforma al artículo 4º constitucional sobre derechos humanos al agua y saneamiento.

Este cierre de 2025 es histórico, pero deja un sabor agridulce. Por un lado, se instala un piso de derechos y se reconocen piezas clave como los sistemas comunitarios y la agenda de salud e higiene en escuelas. Por otro, varias discusiones y propuestas ciudadanas no quedaron reflejadas como se esperaba, en un proceso legislativo marcado por cuestionamientos de diversa índole. El impacto real de la reforma se jugará desde 2026, cuando los estados y municipios traduzcan este marco nacional en reglas, presupuesto y coordinación efectiva.

En Cántaro Azul iniciamos 2026 con una prioridad clara. Queremos que la armonización estatal en Chiapas sea inclusiva y convierta el reconocimiento en aplicación efectiva para la gestión comunitaria del agua y para el acceso a agua, salud e higiene en escuelas.

A nivel nacional hay un dato que ayuda a dimensionar el reto y el contexto de la crisis hídrica. Se reporta oficialmente (INEGI) que 80.7% de la población cuenta con agua entubada dentro de la vivienda, pero solo 65.5% tiene disponibilidad diaria. Esto no significa “agua potable” ni “agua segura” en todos los casos, ya que tener tubería no garantiza calidad, continuidad ni condiciones adecuadas para la salud.

Además, casi la mitad de los cuerpos de agua del país presentan contaminación en diferentes niveles, un dato que recuerda que la crisis hídrica es también un tema de salud pública. En territorios como Chiapas, estas brechas se sienten con mayor fuerza en comunidades rurales, indígenas y en periferias urbanas donde el acceso real depende, muchas veces, de arreglos comunitarios, soluciones locales y de la capacidad de coordinación con los municipios.

Oportunidad para el reconocimiento efectivo de la gestión comunitaria y escolar del agua

La ley general fija bases y distribuye competencias entre los niveles de gobierno; por eso, las leyes estatales deben armonizarse para no contradecirla y volver operativos sus principios. En ese sentido, la pregunta decisiva no es sólo “qué dice la ley”, sino cómo se implementa con coordinación y sin borrar la realidad comunitaria.

Un antecedente de esta necesidad, y que no deja lugar a dudas, es el texto completo del Artículo 24 en la Ley General de Aguas:

“La Federación, las entidades federativas y los municipios son responsables de la planeación, buen manejo y administración de los recursos hídricos propiedad de la Nación, por medio de las instituciones y sistemas comunitarios de agua y saneamiento, acorde con lo establecido en la presente Ley.”

Esta redacción es política y técnicamente relevante. No se limita a mencionar la existencia de sistemas comunitarios, los coloca a la par de las instituciones con responsabilidad pública en la planeación y administración hídrica.

En Chiapas, esto abre una ruta concreta para convertir una frase legal en mecanismos reales que hagan posible la permanencia, el fortalecimiento y la coordinación con los municipios, sin imponer cargas o requisitos que limiten o anulen a quienes hoy sostienen el servicio donde el Estado no tiene capacidad de hacerlo.

Respecto de las instituciones educativas, la reforma plantea una base importante. El saneamiento se entiende como acceso a instalaciones y servicios “seguros, dignos, asequibles y culturalmente aceptables”. Esto crea una oportunidad para establecer reglas claras y evitar que las escuelas queden al final de la lista.

En términos prácticos, el reto es evitar que la escuela sea solo “infraestructura” y volverla una política completa, basada en tres ejes:

• agua suficiente y segura;

• higiene y saneamiento funcional;

• operación y mantenimiento sostenidos (no solo obra).

  
  

Esto va en línea con el Programa de Agua Segura en Escuelas (PASE) de Cántaro Azul y con la evidencia acumulada por comunidades y organizaciones que sostienen, día a día, la salud y el cuidado en contextos de rezago.

Oportunidades y desafíos en 2026

El nuevo marco nacional también incorpora medidas que exigirán decisiones finas en los estados y municipios. Una de ellas es la obligación de no suspender totalmente el servicio por falta de pago y de asegurar un suministro mínimo para consumo humano básico. Esta disposición se entiende como un resguardo para población en vulnerabilidad, pero también abre un debate de sostenibilidad para organismos operadores que ya enfrentan presión financiera.

Otra oportunidad/desafío es cómo se construyen instrumentos institucionales (como registros, lineamientos y procedimientos) para que la formalización ayude a planear y apoyar, y no se convierta en una carga burocrática que castigue a quienes operan por ausencia histórica del Estado.

Una agenda mínima para Chiapas

Para que el cambio legal tenga impacto real, la propuesta es una agenda concreta, enfocada en lo que sí puede hacerse en el corto plazo.

• Crear una figura estatal clara de “sistema comunitario de agua y saneamiento”, reconocida por la comunidad y con requisitos proporcionales a la realidad rural e indígena.

• A través de la figura del “Delegado técnico del agua” impulsar en los ayuntamientos la creación de una “Oficina Municipal de Agua Rural” que atienda tanto el tema de abastecimiento, como calidad, cloración, sostenibilidad y otros.

• Establecer un esquema de acompañamiento y fortalecimiento que combine registro facilitador, asistencia técnica y acceso a financiamiento. La lógica debe ser “reconocer para apoyar”, no “registrar para sancionar”.

• Reconocer e impulsar alianzas público–comunitarias como modalidad legítima para que los municipios cumplan sus obligaciones sin sustituir a los comités. Chiapas ya tiene evidencia de que esto es posible a través del Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento (OMSCAS) de Berriozábal.

• Volver exigible el Agua, Saneamiento e Higiene escolar (WASH) como prioridad estatal. Esto implica reglas verificables, además de coordinación entre educación y salud, con presupuesto para operación y mantenimiento (vinculado con experiencia del Programa Agua Segura en Escuelas de Cántaro Azul).

• Garantizar participación ciudadana real en la armonización. Si el proceso se captura por intereses o se decide sin escuchar a quienes viven el problema, el derecho corre el riesgo de quedarse en una declaración de principios.

  
  

Del derecho en papel al derecho en la vida

Abrimos 2026 con alegría por el avance que significa la Ley General de Aguas, pero también con claridad sobre lo que viene. El nuevo marco normativo no resolverá por sí solo la crisis. Lo decisivo será que la armonización estatal se construya con diálogo, evidencia y reconocimiento de la realidad comunitaria y escolar.

Desde Cántaro Azul, y en articulación con organizaciones y aliados que han sostenido este proceso, queremos empujar una ruta de incidencia que ponga en el centro lo que ya está ocurriendo en el territorio. Comunidades organizadas que administran, operan y mantienen sistemas de agua, y escuelas donde el agua segura y los baños dignos siguen siendo una condición básica para aprender con salud.

A lo largo de este año sumaremos voluntades para que el reconocimiento legal se convierta en apoyo institucional, reglas operables y presupuesto. Porque los derechos humanos al agua y saneamiento no se miden por lo que se publica en un decreto, sino por lo que cambia, de manera verificable, en la vida cotidiana de las personas y las comunidades.