Gestión comunitaria del agua en Chiapas: aprendizajes de la APAMS para la nueva ley
- Cántaro Azul
- hace 12 horas
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La gestión comunitaria del agua no es una práctica nueva ni una respuesta circunstancial. En muchas comunidades de Chiapas, organizarse para buscar agua, distribuirla, cuidar las fuentes, mantener la infraestructura y establecer acuerdos forma parte de una experiencia construida durante años. Hoy, esa experiencia puede aportar elementos concretos para avanzar en la garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Hace un par de meses, integrantes de la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Sitalá (APAMS) se reunieron para recuperar aprendizajes de su proceso organizativo, identificar desafíos y oportunidades y construir propuestas desde la realidad de sus comunidades.
La conversación abordó problemas técnicos y de mantenimiento, pero también preguntas que son centrales para sostener cualquier sistema de agua: ¿cómo se toman las decisiones?, ¿quiénes participan?, ¿qué recursos y capacidades hacen falta?, ¿cómo se relacionan los patronatos con las instituciones? Entre los temas surgieron la capacitación, el financiamiento, el saneamiento, la participación de mujeres y jóvenes y el cuidado de las fuentes.
Una organización que aprende desde el territorio
La APAMS comenzó a organizarse en 2019, partiendo principalmente de la base comunitaria del Tsoblej Slekubtesel Sitalá, la plataforma de participación comunitaria impulsada por CONIDER en coordinación con la Alianza Crecer Juntos Sitalá, de la que Cántaro Azul forma parte. El agua y el saneamiento aparecieron desde entonces entre las principales preocupaciones de las comunidades.
Con los años, los patronatos han fortalecido su reconocimiento ante las asambleas comunitarias, han realizado reuniones, foros y gestiones y han ampliado la participación de las mujeres. María Luisa Gómez, presidenta de la APAMS y gestora comunitaria de La Unión, recuerda que al inicio ser mujer dificultaba que su voz fuera escuchada. Actualmente, la organización promueve la participación de mujeres y hombres y genera condiciones para expresarse también en las lenguas maternas.
La experiencia de La Unión muestra, además, que conseguir infraestructura no resuelve por sí sola la gestión del agua. Después de años de gestiones para contar con un sistema, la comunidad trabaja ahora en acuerdos sobre su distribución, las aportaciones, su cuidado y las responsabilidades de quienes lo utilizan.
El aprendizaje también circula entre comunidades. José Manuel López Gómez, patronato de Santa Cruz La Reforma e integrante de la APAMS, explica qué ocurre después de participar en estos espacios: “Me gustó mucho los talleres, la capacitación. Esa información la llevo hasta la comunidad”.
De la experiencia comunitaria a la legislación
Este proceso cobra especial relevancia en el momento actual. La Ley General de Aguas, publicada en diciembre de 2025, estableció que las entidades federativas deben armonizar sus disposiciones jurídicas. En Chiapas, la actualización de la legislación abre así una oportunidad para preguntarnos no solamente cómo reconocer a la gestión comunitaria, sino qué podemos aprender de ella para construir mejores formas de garantizar derechos.
Experiencias como la APAMS muestran que gestionar el agua implica mucho más que operar infraestructura. Requiere acuerdos comunitarios, capacidades técnicas, reglas compartidas, participación, cuidado del territorio y relaciones de colaboración con las instituciones.
Reconocer estas formas organizativas no significa trasladar a las comunidades las responsabilidades que corresponden al Estado. Significa establecer condiciones para que puedan participar en las decisiones que les afectan y colaborar con municipios e instituciones públicas desde sus capacidades y conocimientos, con acceso a asistencia técnica, recursos y mecanismos adecuados de coordinación.
María Luisa lo resume desde su experiencia de gestión: “Una vez nosotros como gestores estamos dentro de la ley, sabemos que tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos”.
La gestión comunitaria del agua no necesita que una ley la cree, está viva en los territorios y acumula aprendizajes que pueden contribuir a la política pública. El desafío para la nueva legislación en Chiapas es reconocer esa experiencia sin debilitar su autonomía y construir, a partir de ella, mejores condiciones de corresponsabilidad para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
