En uno de los dos estados con mayor población joven en México, los derechos humanos al agua y saneamiento siguen siendo asignaturas pendientes del Estado mexicano. La falta de garantía de estos servicios ha tenido un impacto significativo en el desarrollo, la salud, la educación, y la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Por tanto, es urgente que las autoridades pertinentes centren su atención en el bienestar de este sector.
Con este propósito, el pasado 24 de octubre se llevó a cabo el Segundo Encuentro: Derechos Asociados al Agua y Saneamiento para la Infancia y la Juventud en San Cristóbal de Las Casas. El objetivo principal es dar voz a las niñas, niños y jóvenes para que puedan expresar sus necesidades, desafíos y experiencias relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos al agua y saneamiento.
Participaron más 100 menores de edad, provenientes de los municipios de Sitalá, San Juan Cancuc, Mitontic, Chenalhó, Berriozabal, Tenejapa, Teopisca y San Cristóbal de Las Casas, quienes se reunirán en las instalaciones de Sueniños para compartir sus testimonios y presentar propuestas que se sumarán a la demanda de un Plan de Justicia Hídrica para Chiapas.
Los datos duros son preocupantes. Chiapas es el estado más pobre del país, con un 67.4 por ciento de su población viviendo en condiciones de vulnerabilidad económica, según datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en su mayoría indígenas.
En tanto que, en el informe La Infancia Cuenta en Chiapas 2021, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), documenta que «aunque el 90% de las viviendas donde viven los niños y adolescentes tienen acceso al agua entubada, esto no garantiza su disponibilidad diaria. Chiapas es una de las tres entidades federativas con menor cobertura de acceso al agua en México (Conagua, 2017), lo que resulta en un suministro diario de agua de menos del 50% en las viviendas (Coneval, 2018)».
Y a pesar de la proclamación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de que todas las niñas y niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro, limpio, con acceso a agua potable y servicios de saneamiento adecuados, la realidad en Chiapas es contraria para la infancia, ya que es uno de los dos estados con la mayor mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas. No obstante, el 48% de estas muertes podrían prevenirse con medidas de higiene, acceso al agua potable y a instalaciones mejoradas de saneamiento, como se informa en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024.
La urgencia de abordar esta situación es innegable. Por lo que, 11 organizaciones de la sociedad civil, Unicef, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las autoridades gubernamentales se unirán en busca de la atención pública prioritaria para avanzar en los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, reconociendo su interdependencia y su carácter fundamental para el ejercicio de otros derechos, como la educación, la salud, un ambiente sano y la igualdad.
