Cántaro Azul respalda, promueve e impulsa la iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone reconocer y fortalecer constitucionalmente a las organizaciones sin fines de lucro que destinan parte de su tiempo a la gestión comunitaria del agua y al saneamiento en comunidades rurales, periurbanas e indígenas de México, propuesta por las legisladoras Adriana Bustamante Castellanos, secretaria de la comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, y María Eugenia Hernández Pérez, secretaria de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados.
Y es que, desde Cántaro Azul observamos que la iniciativa suscrita el pasado 14 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria de la LXV Legislatura visibiliza y respalda legalmente el trabajo que hacen día con día las personas que habitan las comunidades rurales e indígenas del país para tener acceso a servicios de agua y así garantizar sus derechos humanos vinculados al agua y al saneamiento. Esto en contextos de escasez, mala calidad del agua, crisis hídrica y sin mecanismos viables para el tener ambientes saludables, pues todavía prevalece la defecación al aire libre y no existen plantas de tratamiento de aguas residuales en muchas de estas regiones del país.
En el contexto actual, ya existen más de 28 mil juntas, patronatos o comités en México que prestan servicios de agua y saneamiento a aproximadamente el 19 por ciento de la población. Estas organizaciones operan bajo estructuras de autogobierno, elegidas democráticamente entre las personas de su propia comunidad y, por lo general, sin recibir compensación monetaria.
El problema que enfrentan cotidianamente es que no tienen facultades para realizar ningún trámite que le permita tener acceso a los recursos; es decir, a pesar de la importancia de estas organizaciones, no cuentan con reconocimiento legal lo que las deja a merced de la voluntad política del municipio y sus autoridades.
La iniciativa de reforma deja ver las desigualdades existentes en la provisión de servicios de agua y saneamiento, especialmente en las comunidades rurales e indígenas. Argumenta que es responsabilidad del municipio reconocer, fortalecer y coadyuvar la gestión comunitaria del agua para colaborar en beneficio de las comunidades sin acceso adecuado a estos servicios. Además, señala la necesidad de coordinación entre los municipios y las autoridades estatales y federales para abordar eficientemente esta problemática.
Con el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua y del saneamiento se dará un paso más en el respaldo jurídico máximo para avanzar en favor de los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del país.
La propuesta se fundamenta en tratados internacionales sobre derechos humanos al agua y saneamiento, subrayando la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar plenamente estos derechos. Destaca el trabajo que se ha hecho en otros países como: Ecuador y Bolivia donde se han alcanzado el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua como vía estratégica para sus naciones, misma que puede abonar a la transformación de México y hacerle frente a la crisis hídrica que ya se padece en algunas regiones del país.
Desde Cántaro Azul, consideramos que la iniciativa busca cerrar brechas de desigualdad en el acceso al agua y saneamiento, reconoce y fortalece legalmente a las organizaciones que ya realizan la gestión comunitaria del agua en México. Esta es otra oportunidad legislativa en favor de los más vulnerables de este país.