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Defensoras y defensores del agua entregan Manifiesto por la justicia del agua al relator de la ONU



Organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, movimientos sociales y defensoras y defensores del agua, originarias de México y América Latina, entregaron al Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, el Manifiesto por la justicia del agua, previo a que inicie la Conferencia del Agua de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. El documento también fue recibido por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, y la embajadora humanitaria Nathalie Olijslager.


En este contexto, Arrojo Agudo habló sobre la importancia de abrir espacio en las Naciones Unidas para los sujetos de derechos y las personas defensoras de todo el mundo. Además, reconocer la importancia de la articulación de movimientos a nivel mundial en un manifiesto común. «Dividir es fácil, pero unir es difícil, y ustedes lo están logrando», expresó.


Natalie Seguin Tovar, coordinadora de la Red de Acción por el Agua y secretaria Ejecutiva de las Redes del Agua en América Latina, agradeció el esfuerzo de colaboración realizado para lograr un manifiesto que incluye el sentir y las demandas de las organizaciones y redes de la sociedad civil, así como los movimientos de defensa y justicia hídrica. Se trata de 500 organizaciones y más de 6 mil apoyos individuales que han signado el documento, mismo que seguirá abierto para que más gente se sume.


Patricia Silva López, originaria de la Mixteca oaxaqueña, una región de México con muy alta precariedad hídrica, señaló que llega a Nueva York, desde una comunidad indígena donde por falta de acceso y disponibilidad de agua se violan los derechos humanos.


Silva López, fundadora y colaboradora de la organización sin fines de lucro Mujeres en Desarrollo MUDEM, A.C., tiene años coordinando acciones de empoderamiento a mujeres en comunidades en torno al derecho humano al agua y saneamiento. Acusó: «estamos viviendo en comunidades con menos de cinco litros de agua por persona».


Ella, relató, no identificaba la violación al derecho humano al agua y al saneamiento, hasta que empezó a trabajar en torno a este tema y ha vivido el arduo proceso para tener acceso al vital líquido.


Javier Márquez –de la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua– , originario de Colombia, expuso que la plataforma conformada por diversos países de América Latina la organización en la que participa «ha estado muy centrada en defender la gestión comunitaria del agua, impulsar los procesos públicos comunitarios y en trabajar desde nuestras comunidades y territorios de la mano de muchos procesos que se resisten a las distintas formas de privatizar el agua».


Los firmantes a este manifiesto llevan la voz de los no escuchados, de los que habitan en las comunidades más marginadas, de aquellos que no tienen la garantía del acceso al agua y al saneamiento, pero que trabajan arduamente para hacer de este derecho humano una realidad.


Por considerarlo de interés periodístico, compartimos íntegro el documento entregado al Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Así como el siguiente video.



Súmate al Manifiesto: http://bit.ly/3JC1kpV


Manifiesto por la justicia del agua


Las organizaciones, Pueblos Indígenas, movimientos sociales y defensoras y defensores del agua abajo firmantes, se dirigen a las Naciones Unidas, ante la Conferencia del Agua de la ONU 2023, para hacerle llegar la voz de los que no suelen ser escuchados, pidiendo que los siguientes temas fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional:


1. El agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. EL agua es un bien común y no una mercancía, que tiene que ser accesible para todos sin discriminación, bajo control público. Los usos personales y domésticos de agua, incluida la higiene, deben tener la máxima prioridad frente a los usos productivos, como los asociados a la agricultura e industria.


2. Las políticas del agua deben priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico en el marco del derecho humano a un medioambiente saludable, y como clave para afrontar las crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático en curso. Los Estados deben garantizar que las empresas agrícolas y los usuarios industriales rindan cuentas y sean responsables del uso que hacen de todos los recursos naturales, incluida el agua, y de su impacto sobre ellos, basándose en la aplicación de la legislación y la regulación, y no en medidas voluntarias.


3. Los Pueblos Indígenas tienen derechos distintos e inherentes, así como sistemas de conocimientos propios para relacionarse con el agua de manera armónica, por lo que los Estados deben reconocerles su condición de sujetos colectivos de derechos y respetar sus derechos territoriales, a la libre determinación y el derecho a ser consultado para obtener el consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier proyecto que los afecte, y asegurarse que la gestión de sus medios de vida, incluido el agua, se realice conforme sus propias normas, en cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.


4. Los Estados deben dar el reconocimiento y el apoyo debido a las prácticas y a las organizaciones de gestión comunitaria del agua y del saneamiento promovidas, entre otras, por las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, desarrollando partenariados público-comunitario respetuosos con sus saberes y tradiciones.


5. En la mayoría de los países, las poblaciones rurales y las que viven en asentamientos urbanos informales son las más discriminadas en términos de acceso a los servicios de agua y saneamiento. Es obligación de los Estados garantizar la mayor prioridad en el acceso a estas poblaciones. La cooperación internacional debe priorizar a estos colectivos en sus acciones.


6. Debe reconocerse, apoyarse y garantizarse la participación activa, libre y significativa de quienes son titulares de derechos, de los “right holders”, en todos los temas de la política del agua, con énfasis en la participación igualitaria de las mujeres, superando la marginación que sufren, a pesar de ser ellas las que cargan con la mayor responsabilidad y el trabajo de abastecer de agua a sus familias. Dicha participación debe tener la capacidad de influir en la toma de decisiones, superando los falsos modelos participativos, que solo legitiman las decisiones adoptadas por las élites de las sociedades.


7. Los servicios de agua y saneamiento deben guiarse siempre por los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás, incluidos quienes, por vivir en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, tienen dificultades de pago. La privatización, mercantilización o financiarización de los servicios de agua y saneamiento son un riesgo para el disfrute de los derechos humanos, por lo que no deben considerarse como políticas a nivel global, nacional o local, así como en la cooperación internacional, potenciando, en su lugar, la titularidad y gestión pública a través de partenariados público-públicos y público-comunitarios.


8. Los Estados deben proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, así como unas condiciones laborales dignas, justas y equitativas. El acceso a los servicios en las esferas de la vida fuera del hogar debe recibir urgentemente un alto nivel de prioridad en las políticas públicas, que incluye el acceso en espacios públicos, lugares de trabajo, centros de detención, escuelas y establecimientos de salud, así como en los mercados donde los comerciantes venden alimentos y otros bienes en la economía informal.


9. Para resolver la crisis del agua es necesario superar la actual fragilidad del marco multilateral de las Naciones Unidas, avanzando hacia una gobernanza que pueda afrontar los desafíos presentados anteriormente, estableciendo un mecanismo intergubernamental de reuniones regulares en torno al agua y saneamiento, y mecanismos concretos de seguimiento de los compromisos adquiridos en los que los sujetos y titulares de los derechos humanos participen de forma plena, efectiva y significativa.


Como sujetos y titulares de derechos humanos y defensores y defensoras del agua, a menudo criminalizados y perseguidos por defender los derechos humanos, exigimos que la ONU priorice el diálogo y la colaboración con las comunidades más vulnerables en la implementación del ODS 6, incluidos los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas, los que viven en asentamientos informales, las poblaciones discriminadas por motivos de género, ascendencia y clase, y todos aquellos que aún no tienen garantizado el acceso al agua potable y al saneamiento.

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