Audiencias públicas por Ley General de Aguas: dos visiones de un país
- Cántaro Azul
- hace 3 horas
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En octubre de este año, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa responde a una tarea pendiente desde 2012, cuando se reformó el artículo 4º constitucional para reconocer el derecho humano al agua. Desde entonces, el Congreso tenía 360 días para crear una nueva ley que definiera cómo garantizar ese derecho. Han pasado más de diez años y esa ley aún no existe.
La Constitución establece que:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Para escuchar a distintos sectores, la propia Comisión de Recursos Hidráulicos abrió un proceso participativo mediante audiencias públicas, organizadas por zonas geográficas y por temas. Se realizaron 12 actividades entre el 18 y el 21 de noviembre, que abordaron, entre otros, los siguientes temas:
Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas.
Sistemas públicos de agua potable y saneamiento, sistemas comunitarios y otros mecanismos que garantizan estos derechos.
Agua en el medio rural, núcleos agrarios (ejidos y comunidades), pueblos indígenas y afromexicanos.
Derecho humano al agua y su interdependencia con otros derechos humanos.
Participación social, transparencia, acceso a la información pública, sanciones y remediación.
Estas "Audiencias Públicas sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales" se organizaron por región: norte, centro y sur del país. Según cifras oficiales, en conjunto reunieron alrededor de 450 ponencias, de forma presencial y virtual.
El compromiso público de las y los legisladores fue considerar las propuestas y argumentos en la discusión y modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Uno de los puntos más preocupantes es la prisa con la que se está llevando el proceso. De acuerdo con declaraciones oficiales, se busca aprobar la ley antes de la primera quincena de diciembre, cuando concluye la legislatura vigente. Esta velocidad contrasta con la profundidad de los temas en juego y con las críticas que diversos sectores sociales han expresado durante las audiencias.
A partir del análisis de 243 ponencias del parlamento abierto, se pueden identificar tendencias claras que ayudan a entender el momento hídrico que vive el país.
La gestión comunitaria del agua: un pilar que exige reconocimiento
Desde una mirada centrada en los sistemas comunitarios de agua, las audiencias públicas dejaron ver una demanda histórica: su reconocimiento pleno en la ley.
Este no fue un tema marginal. Al contrario, fue el tema más mencionado, con 80 apariciones, que representan 21.3% de todas las intervenciones temáticas. Esto refleja una realidad contundente: aunque no exista una cifra oficial del número de sistemas comunitarios que operan en México, se sabe que son ellos quienes, en muchas regiones rurales, garantizan el acceso cotidiano al agua.
Geográficamente, la defensa de los sistemas comunitarios se concentró en el centro y sur del país. El Estado de México fue la entidad con más menciones (11), seguido por Chiapas y Michoacán (6 menciones cada uno). Desde estos territorios se levantó una voz compartida: no solo se reclama el derecho al agua, sino también el derecho a gestionarla colectivamente.
Las demandas son concretas:
Personalidad jurídica específica para los sistemas comunitarios.
Autonomía en su forma de organización y toma de decisiones.
Reconocimiento como sujetos de derecho público, no solo como prestadores de un servicio.
Las referencias a los ejidos (8 apariciones) y a los derechos colectivos (4 apariciones) muestran una concepción del agua como patrimonio comunitario, íntimamente ligado al territorio y a la identidad de los pueblos.
Más allá de la geografía, se percibe un patrón claro: el centro y sur del país levantan la voz para que se reconozcan formas de organización del agua que existían antes del Estado moderno y que han demostrado una enorme resiliencia frente a la ausencia de servicios públicos formales. Se plantea una categoría específica que los reconozca como servicio público no estatal.
El desafío para la nueva ley será diseñar un marco que, sin ahogar su autonomía, establezca estándares mínimos de calidad, equidad y transparencia para estas organizaciones que, en la práctica, ya son la columna vertebral del acceso al agua en amplias zonas de México.
La alta recurrencia de temas relacionados con los sistemas comunitarios no es solo un dato estadístico: es la punta del iceberg de una realidad hidrosocial que exige un lugar digno y claro en la ley.
La geografía del agua en México: temas e intereses por región
El análisis de las audiencias públicas revela una cartografía temática tan diversa como el propio país. El agua dibuja fronteras de interés que siguen más los patrones hidrológicos y productivos que los límites políticos.
El norte productivo: la cultura de la concesión
En las entidades del norte, el debate se centró en la producción agrícola y ganadera. Estados como Chihuahua (4 menciones), Sonora (3) y Guanajuato (4) se perfilan como voceros de una región donde el agua es vista, ante todo, como insumo productivo.
La insistencia en la transmisión de derechos de agua (18 apariciones en total, concentradas en estas regiones) no es casual: es la base legal sobre la cual se sostienen muchas de sus economías. Las intervenciones que hablaron de "Tierra con agua" y "Casa con agua" subrayaron que, para estas comunidades, el agua es clave tanto para la producción como para la vida familiar.
Aunque la Ciudad de México está en el centro del país, en este tema se alinea con el norte: concentró 18 menciones sobre derechos y concesiones, es decir, un tercio del total nacional. Esto refleja su papel como sede de cámaras empresariales, despachos legales y representantes sectoriales que demandan, sobre todo, certidumbre jurídica (8 menciones) y continuidad del régimen de concesiones.
El mapa es complejo. La entidad combinada Coahuila/Durango mostró un perfil fuertemente productivo (50% de sus intervenciones se enfocaron en el sector agrícola), aunque también se posicionó en temas de derechos y concesiones (2 menciones). Cuando se observan estos estados por separado, aparecen matices: Coahuila prioriza temas comunitarios y de derechos humanos, mientras que Durango combina la agenda de sistemas comunitarios con las preocupaciones del sector agrícola.
En el caso de Sonora, el enfoque estuvo casi exclusivamente en derechos y concesiones. En conjunto, el norte articula un discurso coherente donde el agua es, sobre todo, capital productivo que requiere estabilidad normativa.
El centro y el sur: el agua como derecho colectivo y patrimonio comunitario
En contraste, el centro y sur del país construyen una narrativa donde el agua es, ante todo, derecho colectivo y patrimonio comunitario.
Además del Estado de México, estados como San Luis Potosí (5 menciones), Yucatán (5), Puebla (4) y Oaxaca (4) hablaron con fuerza de autonomía (7 menciones) y reconocimiento legal colectivo (4 menciones), más que de transmisión individual de derechos.
Algunas entidades desarrollaron perfiles temáticos muy claros:
Querétaro se convirtió en la voz de la gobernanza del agua: sus 6 menciones se concentraron exclusivamente en este tema.
Tamaulipas puso el acento en la sustentabilidad (5 de sus 10 menciones) y la contaminación (3 menciones).
Puebla alertó sobre contaminación (6 menciones) mientras defendía a la vez a los sistemas comunitarios (4 menciones).
Quintana Roo equilibró intervenciones sobre gobernanza (4) y sustentabilidad (3).
Esta división no es solo temática: es geográfica, económica y cultural. De un lado, un México que mira el agua como capital: algo que se puede concesionar, transmitir, medir en volúmenes y plazos. Del otro, un México que vive el agua como derecho, inseparable del territorio, gestionada colectivamente y parte del patrimonio cultural.
El norte más árido y productivo discute con el sur más húmedo y comunitario. La tensión entre estos "dos Méxicos" —uno que ve el agua como capital concesionable y otro que la vive como derecho gestionado colectivamente— es el reto central de la nueva legislación: diseñar un marco que reconozca ambas realidades sin subordinar una a la otra.
Quiénes participaron: el mosaico de actores y sectores
Las audiencias públicas reunieron a un amplio abanico de actores sociales. Su composición permite ver qué sectores tienen más presencia y cuáles están menos representados en la discusión sobre el agua.
Sociedad civil
La sociedad civil organizada fue la voz más numerosa, con 67 participaciones distribuidas en las tres zonas. En la zona centro —donde se concentró el 65.43% de todas las intervenciones— se registraron 49 participaciones de organizaciones civiles, especialmente en Puebla (7), Ciudad de México (6) y Querétaro (5).
Esta presencia muestra una gran capacidad de organización ciudadana en torno al tema del agua y la defensa del territorio.
Academia
La academia tuvo 33 participaciones, actuando como puente entre el conocimiento técnico y la política pública. Destacó su presencia en la Ciudad de México (4), en la categoría "No especificado" del Centro (11, que sugiere participación de investigadoras e investigadores con mirada nacional) y en estados como Baja California Sur (3) y Puebla (3), donde aportaron su experiencia regional.
Sector agropecuario
El sector agropecuario sumó 43 participaciones (28 agrícolas, 12 agropecuarias y 3 ganaderas). Su participación mostró una clara dualidad:
En el Norte (por ejemplo, Zacatecas, con 7 participaciones, y Chihuahua, con 3), representó principalmente a la agricultura de escala, preocupada por los derechos de agua y la viabilidad económica.
En el Centro (por ejemplo, Guanajuato y Hidalgo, con 3 participaciones cada uno), estuvo más ligado a la agricultura familiar y a las demandas de pequeños productores.
Sector privado
El sector privado tuvo 15 participaciones, concentradas sobre todo en la Ciudad de México (11). Esto indica que las cámaras empresariales nacionales hablaron en nombre de distintos sectores económicos, pero también deja ver una brecha en la representación de empresas locales y regionales.
Pueblos y comunidades originarias
Los pueblos y comunidades originarias participaron con 9 intervenciones, principalmente desde el Estado de México (4) y Michoacán (2).
Estas participaciones van más allá de un "actor sectorial": representan a sujetos de derecho con jurisprudencia internacional reconocida, que exigen que la ley reconozca sistemas normativos propios, anteriores al Estado, y en particular a los sistemas comunitarios de agua que han sido históricamente rezagados.
Centralización de las decisiones y disputa por el sentido del agua
La mayor participación se dio en la zona centro del país, especialmente desde la Ciudad de México. Ahí se hizo visible la fuerza de la incidencia del sector privado, cuya estrategia se enfocó en participar cerca del pleno legislativo, de modo que sus inquietudes quedaran más claramente reflejadas en el debate.
En contraste, la participación de sociedad civil, gobiernos locales y academia, aunque constante en diferentes entidades, no siempre tiene el mismo peso a la hora de influir en la redacción final de las leyes.
Desde estas intervenciones se subrayó algo clave: discutir la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la emisión de una Ley General de Aguas no puede reducirse a la lógica de negocio. Se insistió en que la nueva ley debe ver el agua como un derecho, no solo como un recurso económico.
Los datos sobre participación por sectores muestran que la decisión sigue fuertemente centralizada y que el lobby y la presión de los sectores históricamente beneficiados —ligados a grandes intereses económicos— tienden a reflejarse con mayor fuerza en el dictamen preparado por la coordinación política de Morena en la Cámara.
Frente a ello, el reto es enorme: lograr que la nueva Ley General de Aguas reconozca y fortalezca la gestión comunitaria, la participación social y los derechos colectivos, y que al mismo tiempo ponga límites claros a la mercantilización del agua en México.
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